La doble moral de Latinoamérica Por Diego H. Goldman Puestos a analizar las causas del fracaso de Latinoamérica para consolidar instituciones sociales estables y lograr un desarrollo económico sostenido que la saque de décadas de atraso y pobreza, no son pocos los que asignan un papel preponderante a ciertos factores culturales característicos de las sociedades latinoamericanas que las hacen particularmente propensas al autoritarismo y el subdesarrollo. Se ha argumentado que la cultura heredada de la colonia española posee fuertes componentes autoritarios, vinculados al poder absoluto de la corona y el modo despótico en que gobernaron los virreyes, así como una moral contraria a la superación individual y la acumulación de riquezas, aspectos profundamente enraizados con la tradición católica y conservadora. Creo que hay mucho de cierto en estas hipótesis. Es innegable que la población latinoamericana, y muy particularmente sus elites gobernantes, sienten y han sentido una singular fascinación por el boato militarista y los líderes mesiánicos, al tiempo que reniegan, al menos en público, de la propiedad privada y la iniciativa individual. En Latinoamérica se considera poco menos que un insulto decir que alguien persigue el éxito económico, en tanto que se estima como ejemplos de virtud a quienes dicen perseguir “el supremo interés del pueblo”. No es casual, en este sentido, el endiosamiento de asesinos despiadados como el “Che” Guevara, que regaron el continente de sangre en búsqueda de la utopía colectivista, la reivindicación de los nacionalismos, la búsqueda de la “identidad” latinoamericana y, en general, el ensalzamiento de la colectividad y el desprecio por lo individual. Con todo, no creo que esa sea la “única” realidad de Latinoamérica. Por el contrario, la experiencia demuestra que los latinoamericanos, en su actividad privada, son tan propensos a la superación individual como cualquier otra sociedad. Resultan particularmente interesantes al respecto las investigaciones del Instituto Libertad y Democracia del Perú, que han demostrado que, en los asentamientos urbanos ilegales de Lima (y con seguridad lo mismo pasa en el resto del continente), las personas tratan de delimitar derechos de propiedad privada y sistemas paralegales que los protejan. No es menos notable la existencia de un sector económico informal, donde millones de latinoamericanos intercambian bienes y servicios, y crean normas consuetudinarias que regulan sus actividades y solucionan sus controversias. Otro ejemplo interesante de aceptación “popular” de instituciones como la propiedad privada y el mercado libre se presentó en la Argentina durante la crisis de fines de 2001 y principios de 2002. En medio del alto desempleo y la recesión, muchas personas se dieron cuenta de que, pese a carecer de “liquidez”, no habían perdido la capacidad de producir bienes y servicios útiles a sus semejantes. Ante tal situación, y lejos de adoptar soluciones colectivistas de corte socialista, afloraron espontáneamente “clubes del trueque”, donde las personas intercambiaban bienes y servicios en condiciones de mercado libre y con normas extralegales propias, que delimitaban derechos de propiedad y posibilitaban las transacciones. En lo peor de la crisis el sistema llegó a tener un gran éxito, inclusive con la aparición de una moneda propia absolutamente privada (los “créditos” o “arbolitos”), y permitió obtener medios de vida a varios miles de personas. El posterior fracaso del sistema se debió más a la pérdida de confianza en la moneda y la recuperación de la economía formal, que al rechazo de la gente por las instituciones capitalistas. Lo interesante del caso es que permitió demostrar la viabilidad de un sistema de moneda e intercambios privados sin intervención gubernamental. Es decir, bajo la superficie de un sistema legal excesivamente rígido y paternalista se desarrolla un sistema informal dinámico caracterizado por el respeto de los derechos de propiedad y la iniciativa individual, es decir, las bases de lo que en otras sociedades ha engendrado un capitalismo próspero y riquezas generalizadas. Una explicación plausible del fracaso latinoamericano debería, a mi entender, conjugar estos patrones culturales contradictorios. La paradoja latinoamericana es, en buena parte, rechazar en la teoría la libertad y la iniciativa que se ejercen en la práctica. A mi entender, existe en Latinoamérica una “moral pública” que lleva a las personas a declamar su rechazo al individualismo y las instituciones liberales como el mercado y la propiedad privada, probablemente heredada de la prédica eclesiástica de la época de la colonia y del absolutismo con que la corona española manejo sus asuntos en América desde la conquista. En el siglo XX, a ese antecedente cultural se sumó la irrupción de ciertas corrientes filosóficas altamente antiindividualistas y autoritarias introducidas por ciertas elites educadas en Europa, como el nacionalismo fascista, el comunismo y, más tarde, el socialismo revolucionario. Esas ideas han generado una suerte de “super yo” colectivo, que hace que muchos latinoamericanos expresen en público (y muchas veces se crean sinceramente convencidos) su rechazo a la libertada individual y la persecución del lucro, y adhieran a ideales populistas y “solidaristas”, en el fondo, por el temor a ser rechazados por sus pares. Esto explica en parte, a mi entender, la gran adhesión que han logrado todo tipo de políticos populistas, demagogos, autoritarios y esencialmente corruptos, que disfrazan su verdadera naturaleza apelando a ideas tales como la “solidaridad”, “el interés del pueblo” y la “suprema voluntad de la Nación”, cuando en realidad lo que buscan es la suma del poder público, el silenciamiento de la oposición y la consecución de riquezas para si y sus amigos, mediante la expoliación legal de la población y la restricción de la competencia. Sin embargo, como los ejemplos lo demuestran, en la intimidad de su hogar, lo que realmente quiere la mayoría de las personas en Latinoamérica (y en cualquier lugar del mundo) es el bienestar para si y para su círculo afectivo mediante el trabajo decente, el respeto de sus derechos y su libertad de elección y que el gobierno intervenga lo menos posible en su vida. El gran drama de Latinoamérica es la existencia de una “moral pública” autoritaria e hipócrita, que impide decir en público lo que se piensa y hace en privado, que obliga a rechazar la libertad que en realidad tanto se anhela.

El día que seamos capaces de derribar el muro de hipocresía que nos rodea, empezaremos a salir del laberinto en que nos encontramos.

El curso del conflicto

El conflicto generado entre Argentina y Uruguay a raíz de la instalación de dos plantas elaboradoras de celulosa en la vecina costa del Río Uruguay, se está agravando por la falta de diálogo al más alto nivel de ambas naciones. Los ciudadanos uruguayos y argentinos no podemos permitir que la relación entre dos países hermanos como los nuestros, con tantos lazos geográficos, históricos, culturales y económicos, se vea deteriorada por la falta de voluntad de encontrar una solución racional al problema, debido a cuestiones políticas internas de cada país.La forma en que las fábricas afectarán los recursos compartidos entre ambos países, es un tema a evaluar en forma técnica por parte de expertos objetivos. También es de esperar que esta nueva conciencia ecológica verificada en la Argentina se aplique para controlar tantas otras fuentes de contaminación que provienen de nuestro propio territorio. Entre el “no a las papeleras”, que eliminaría la posibilidad de crear fuentes de trabajo, e ignorar las preocupaciones de los habitantes afectados, hay un rango de soluciones que sólo se pueden lograr por el diálogo y negociación, que no significa resignar la defensa de los intereses nacionales sino, por el contrario, crear un marco para defenderlos sin perder de vista la importancia de la relación entre ambos países. Los únicos que pueden sustentar este marco son los presidentes de ambas naciones, quienes son responsables por las relaciones internacionales. Por otra parte, ni la defensa del medio ambiente, ni la búsqueda de inversiones son intereses excluyentes a cada margen del río, ni el derecho está de un solo lado, como pretende Kirchner. El camino a una solución Si el presidente Vázquez tiene elementos suficientes para estar convencido de los controles ambientales de las fábricas, el darlos a publicidad o someterlos a una evaluación imparcial quitará argumentos a quienes en la Argentina aseguran que no tiene voluntad de proteger el medio ambiente. Cuando el presidente Kirchner haga cumplir la ley y sencillamente no permita los cortes de rutas internacionales, también le quitará argumentos a la oposición uruguaya que limita las posibilidades de su presidente de ceder ante los reclamos ambientales. Estas voluntades negociadoras que requerimos de nuestros gobernantes no deberían estar contaminadas por exigencias extremas de un interés económico que ignore el medio ambiente, pero tampoco por un fundamentalismo que se olvide de las necesidades de desarrollo económico. Las posiciones extremas Uruguay no va a abandonar un proyecto en el que viene invirtiendo desde hace muchos años, y en el que su país ya está comprometido. Esto significa que los cortes de puentes de quienes quieren que las papeleras simplemente no se instalen, sólo van a lograr un aumento de las divisiones sin avanzar en nada y, por el contrario, destruyendo también los puentes de amistad que declaman pero no valoran. Una negociación puede lograr un compromiso de control de la contaminación, a pesar de la resistencia que el presidente Vázquez pueda encontrar en su oposición y en las empresas. Un reclamo intransigente pone en peligro la amistad de dos pueblos con tantas similitudes que es difícil encontrar razones para que tengan que estar enemistados. ¿Qué moviliza estas posiciones duras? Hay sectores en ambas márgenes que boicotean todo tipo de acuerdo, debido a intereses económicos o políticos. Dada la falta de definición inicial por parte del presidente Kirchner, el gobernador entrerriano Busti había acompañado los cortes, que luego tuvo que criticar ante la posición del gobierno nacional, que tardíamente habló en desacuerdo con los cortes pero faltó a su obligación de permitir el libre tránsito internacional. Mientras no se vea obligado a asumirla, elude su responsabilidad. En un discurso se había mostrado tan ajeno al problema que prometía dar “una mano”, sólo si se la pedían. En Chile hubo una esperanza. Bachelet y Lagos se habían reunido con Evo Morales, a pesar de la historia traumática entre sus países. Dieron el ejemplo. Finalmente se encontraron Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez, anunciando un acuerdo que parecía razonable: Parar la construcción de las plantas por 90 días a cambio del cese de los cortes por el mismo período mientras se analizaba el problema ambiental. El acuerdo no resistió la negativa de una de las empresas a parar por más de diez días. Ni Vázquez intentó convencerla, ni Kirchner arriesgó sentarse a una mesa sin tener asegurado el éxito. Cada uno culpó al otro del fracaso, pero por un lado, ambos cometieron primero el error de ignorar el problema mucho tiempo, y después el de no intentar lo suficiente una solución. Kirchner dejó las negociaciones antes de empezar, anunciando recurrir a La Haya, que no promete decisiones rápidas, y se acordó de darle carácter nacional al conflicto sólo para ponerse frente de la protesta regional con el acto del corsódromo de Gualeguaychú. Amenaza a la que Uruguay respondió con promesas de su propio acto de respaldo en Fray Bentos. Kirchner fue al núcleo de la protesta más intransigente con mucho apoyo político para terminar dejando un mensaje más moderado que el “No a las papeleras”de los anfitriones. Pero desde la margen opuesta la percepción de esa ambigüedad presidencial se desdibuja, y sólo se puede ver como una provocación que, lanzada desde la política nacional, no afecta a las decisiones de Uruguay sino estimulando una mayor intransigencia y alejando una solución. En lo diplomático, se buscó apoyo externo en lugar de diálogo entre las partes afectadas. Kirchner buscando apoyo de Lula, y Tabaré respaldo de Bush. Se amenaza la integridad del Mercosur, del que tanto se vanagloriaron en la Cumbre de las Américas en Mar del Plata, y desde el exterior, en EEUU y en la Unión Europea, se ve una Latinoamérica dividida no sólo por este sino por otros recientes acontecimientos. Se necesita un acuerdo y esto exige decisión política y liderazgo por parte de los presidentes para lograrlo. Defendamos la hermandad rioplatense. Si los gobiernos no lo hacen, reclamémoslo los ciudadanos y las asociaciones civiles de ambos países. Los pueblos uruguayo y argentino, hermanos en tantos aspectos aunque podamos tener diferencias en nuestra visión de este conflicto, recordemos la historia compartida, el origen y la cultura en común, las relaciones comerciales, las diferencias que ya hemos logrado superar en otros tiempos, y no dejemos que el río que hasta ahora nos unió hoy nos separe. Lo que tenemos en común está por encima de las diferencias e intereses políticos. Y demostrárselo a nuestros gobernantes, a los intereses sectoriales, políticos y económicos. Apoye la iniciativa de reafirmación de la hermandad entre uruguayos y argentinos y la defensa de un Mercosur para el bien de todos sus integrantes. Adhiera y dé su opinión mediante su mensaje en el blog Pensando Argentina.

La legislación laboral y los juegos Por Diego H. Goldman Los latinoamericanos en general, y los argentinos en particular, estamos acostumbrados a pensar las interacciones sociales como “juegos de suma cero” donde uno gana lo que el otro pierde. Ejemplos hay miles. Desde la idea de que todo aquel que ha logrado enriquecerse lo ha hecho a costa de los demás, hasta la existencia de poderosos lobbys industriales que buscan beneficios sectoriales a costa de la competencia y los consumidores. Lo trágico es que estos juegos de “suma cero” habitualmente se terminan convirtiendo en juegos de “suma negativa”: por buscar beneficiarme a costa del prójimo en lugar de cooperar con él, usualmente ambos terminaremos en una posición peor de aquella en que estaríamos de haber cooperado. Un ejemplo paradigmático del predominio de esta mentalidad perniciosa es el ámbito de las políticas laborales. Tradicionalmente, tanto los sindicatos como sus ideólogos populistas han entendido que la única forma de obtener mejoras en la situación de los trabajadores es “arrancando” las mismas del patrimonio de los empleadores. Así se generó una innumerable cantidad de obligaciones que limitan la libertad de los empresarios, tales como el establecimiento de altas indemnizaciones por despido, pesados impuestos al trabajo y aportes obligatorios a sindicatos y obras sociales, restricciones a la facultad de despedir empleados y ordenar los factores productivos, etc. ¿Cuál ha sido el resultado de estas políticas? A grandes rasgos, el aumento del desempleo, la explosión del trabajo informal, la pérdida de productividad de las empresas y la caída de los salarios reales. Después de más de ochenta años de políticas laborales supuestamente favorables a los obreros, probablemente los trabajadores estén actualmente peor, comparativamente hablando, que los trabajadores que no gozaban de los privilegios que hoy les concede la legislación laboral, al menos si dejamos de lado los beneficios que la innovación tecnológica ha traído en ese lapso en cuanto a las condiciones de trabajo y la vida en general. Por otra parte, la rigurosa legislación laboral ha quitado competitividad preponderantemente a las empresas pequeñas, que son las más perjudicadas al no poder “autoasegurarse” contra eventuales juicios de sus trabajadores, ni poder afrontar, en ocasiones, el costo que supone adecuar su funcionamiento a la legislación vigente. Está claro que es mucho menos gravoso afrontar una indemnización por despido a una gran empresa, la cual tiene la posibilidad de adoptar previsiones para afrontar dichos riesgos, que a una pequeña empresa, que incluso puede llegar a la quiebra en dicha situación. La legislación laboral dura no ha llevado a otra cosa que a una mayor concentración de la economía, mayores niveles de desempleo, menor movilidad social, pérdida del poder adquisitivo de los salarios (puesto que los mayores costos que impone la legislación son en definitiva reflejados por el mayor precio de los productos que las empresas venden a esos mismos trabajadores) y un sinnúmero de otras consecuencias negativas que resultaría ocioso mencionar. ¿Cómo se sale de este verdadero circulo vicioso? Sería muy pedante de mi parte dar una respuesta precisa. Pero lo cierto es que no necesariamente la solución pasa por “desproteger” a los trabajadores. Pueden existir soluciones donde la flexibilización de la legislación laboral esté acompañada de un mantenimiento de ciertos privilegios para los trabajadores. Si bien tal vez no serían soluciones “óptimas” en términos de eficiencia económica, al menos serían soluciones de “segundo mejor” con viabilidad política. Un ejemplo que se me ocurre es crear “seguros de despido” que liberen a los empleadores de afrontar con su patrimonio los costos de las indemnizaciones por despidos, y les liberen las manos para adecuar su organización productiva a las circunstancias del mercado, sin por ello empeorar la situación de los trabajadores de modo dramático. Con una adecuación de la legislación laboral a efectos de tornarla previsible, podrían llegar a asegurarse, por empresas privadas, el riesgo de afrontar una indemnización por despido. Dada esta última situación, la compañía de seguros afrontaría el pago de la indemnización al trabajador, a cambio de una prima establecida en función de los correspondientes cálculos actuariales. Un sistema así, a mi criterio, aliviaría la situación de muchas pequeñas empresas que no pueden asumir los costos de una indemnización (a diferencia de empresas mayores que pueden “autoasegurarse” mediante previsiones contables), favorecería la incorporación de nuevos empleados y fomentaría la competencia. Claramente el tema debe ser estudiado con mayor cuidado. A lo que apunto es a que pueden existir, en el ámbito de la legislación laboral, soluciones de “suma positiva”, donde todas las partes (y la sociedad en su conjunto) puedan salir beneficiadas. Pensar nuevas soluciones a viejos problemas es parte de un cambio de mentalidad que la Argentina está necesitando imperiosamente hace rato.

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Democracia y Universidad

El Encuentro de Juventudes Políticas expresa su total desacuerdo con quienes conducen la Federación Universitaria de Buenos Aires, ya que pese a arrogarse la defensa de la Universidad y los Derechos Humanos, los métodos utilizados pueden ser fácilmente tachados de antidemocráticos e inconstitucionales. El EnJuPo no pretende defender la candidatura del Dr. Atilio Alterini, pero sí los principios democráticos. Se puede o no coincidir con la ideología o pensamiento del actual Decano de la Facultad de Derecho, pero no puede ponerse a una de las más importantes instituciones educativas del país en esta situación de violencia en que se encuentra inmersa. Levantando las banderas de la defensa de la democracia y las instituciones, hacemos un llamamiento a los actores políticos involucrados, al diálogo adulto y al consenso, por el bien de la Universidad y el estudiantado; asimismo, queremos solidarizarnos con quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante la Asamblea Universitaria. Carolina Estebarena Secretaria Ejecutiva cestebarena@gmail.com Lucas Ariel Pereyra Secretario Administrativo lucasjdc@yahoo.com.ar Integran el EnJuPo representantes de las Juventudes de Acción por la República, Compromiso para el Cambio, Movimiento de Integración y Desarrollo, Partido Demócrata Cristiano, Partido Demócrata Progresista, Partido Federal, PNC-UNIR, Recrear, Unión por Todos y la Juventud Radical.