¿Y si privatizamos el Riachuelo?

Gracias al caso de las plantas de celulosa de Fray Bentos, la causa ambientalista está nuevamente en boga. Como era difícil seguir viendo la paja en el ojo ajeno sin advertir la viga en el propio, en las últimas semanas hubo un reverdecimiento de la atención periodística sobre la tremenda contaminación que afecta al Riachuelo. De pronto nos acordamos de que, sin necesidad de viajar a las costas entrerrianas, podemos tener una muestra cabal de las nefastas consecuencias de la contaminación ambiental a apenas unos minutos de la Casa Rosada. La contaminación del Riachuelo es tan antigua como vergonzante. Ya en los albores de la Organización Nacional se había advertido el peligro que corría la población ribereña como consecuencia de esa verdadera fuente de "infección y enfermedades" abierta al sur de la ciudad de Buenos Aires. Desde entonces, es mucho lo que se ha prometido y muy poco lo que se ha hecho en relación al saneamiento de esa cuenca hídrica. Pero ante todo, ¿por qué se ha llegado a una situación de semejante gravedad? A mi entender, la contaminación del Riachuelo y otros ríos como el Matanza y el Reconquista, es un claro ejemplo de lo que se conoce como "la tragedia de los comunes". El problema es que, como el Riachuelo es un bien de propiedad estatal, los perjuicios de su utilización desaprensiva son económicamente soportados por toda la comunidad, en tanto que los beneficios son apropiados por los particulares. Es decir, las industrias que vierten sus desechos en el río no deben afrontar por ello pagos proporcionales al daño causado, mientras que el ahorro de no utilizar medios de tratamiento de efluentes redunda en beneficio exclusivo de los contaminadores. En este sistema de costos públicos y beneficios privados, el incentivo para la sobreutilización del recurso fluvial es evidente, y tiene como resultado una contaminación muy superior a la que existiría de tener cada industria que afrontar un pago por la utilización del río. La explotación es además ineficiente, puesto que el costo (social) de la contaminación es con toda seguridad superior al beneficio neto obtenido por las actividades contaminantes. Por ser el río propiedad de todos (y de nadie a la vez), en definitiva es la comunidad en su conjunto la que está subsidiando con la pérdida de su calidad de vida a las empresas que pueden darse el lujo de contaminar gratis. ¿Cómo puede salirse de esta situación? Creo que el Estado ha demostrado su absoluta ineficacia para promover una utilización racional del Riachuelo, que la torne compatible con estándares mínimos de conservación ambiental. Por un lado, al no estar la remuneración de los funcionarios públicos directamente vinculada con la obtención de algún resultado concreto en su gestión, estos no tienen otro incentivo que su propia conciencia del deber (que es un elemento contingente y voluble en la psiquis humana) para hacer cumplir las normas. Por otra parte, al no existir "precios" para la contaminación y la salud de los ciudadanos, el Estado carece de mecanismos para determinar el nivel adecuado de utilización del rio. Aunque resulte una propuesta sumamente impopular para este momento histórico, una solución posible pasa, a mi entender, por la privatización de la gestión del Riachuelo. El sistema podría funcionar del siguiente modo: El Estado da en concesión, por un período lo suficientemente prolongado, la gestión del Riachuelo. La empresa gerenciadora tendría como ingresos los pagos cobrados a las industrias instaladas por utilizar "cupos" de contaminación. Asimismo, podría cobrar a otras entidades (tales como clubes náuticos) un cánon a cambio de asegurar la existencia de un caudal hídrico de determinada calidad, que permita el desarrollo de sus actividades, y tal vez cobrar un "peaje" a empresas de transporte fluvial a cambio de mantener el río en condiciones de navegabilidad. Por su parte, la empresa gerenciadora debería pagar un cánon al Estado por la explotación del río, que podría ser proporcional a los niveles de contaminación alcanzados (a menor contaminación menor cánon y viceversa). El sistema incentivaría a las industrias a tratar los efluentes de modo más eficiente, puesto que ello reduciría los pagos a afrontar en concepto de cuota de contaminación, al tiempo que aseguraría la utilización del río sólo por aquellas industrias capaces de producir bienes con un valor mayor al daño ocasionado al ambiente. De este modo, la contaminación se reduciría a límites socialmente eficientes. Por otra parte, la empresa gerenciadora estaría incentivada a hacer cumplir los cupos de contaminación, puesto que de ello dependería la reducción sustancial de sus costos. Por otra parte, a medida que se reduzca la contaminación del río podrían aumentar los ingresos por usos alternativos del río, tales como recreación, turismo, provisión de agua a compañias potabilizadoras, navegación, etc. Finalmente, los gobiernos involucrados tendrían incentivos para ser sumamente estrictos al verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales de la gerenciadora en cuanto a niveles de contaminación, puesto que estaría en juego una reducción de sus ingresos. En definitiva, si bien soy consciente de que por el momento una propuesta como la descripta es absolutamente inviable desde la perspectiva política, creo que cualquier persona realmente interesada en preservar la calidad de vida de los vecinos del sur de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense debería considerarla seriamente y analizarla con detenimiento. Probablemente la privatización de la gestión hídrica sea sólo recomendable para ríos utilizados intensivamente como "vertedero" industrial, y no sea más eficiente que la gestión estatal para ríos con una explotación menos intensiva. Lo que es seguro es que es momento de buscar soluciones originales al problema de la contaminación hídrica, en vista al largo historial de fracasos del Estado en su prevención.