La legislación laboral y los juegos Por Diego H. Goldman Los latinoamericanos en general, y los argentinos en particular, estamos acostumbrados a pensar las interacciones sociales como “juegos de suma cero” donde uno gana lo que el otro pierde. Ejemplos hay miles. Desde la idea de que todo aquel que ha logrado enriquecerse lo ha hecho a costa de los demás, hasta la existencia de poderosos lobbys industriales que buscan beneficios sectoriales a costa de la competencia y los consumidores. Lo trágico es que estos juegos de “suma cero” habitualmente se terminan convirtiendo en juegos de “suma negativa”: por buscar beneficiarme a costa del prójimo en lugar de cooperar con él, usualmente ambos terminaremos en una posición peor de aquella en que estaríamos de haber cooperado. Un ejemplo paradigmático del predominio de esta mentalidad perniciosa es el ámbito de las políticas laborales. Tradicionalmente, tanto los sindicatos como sus ideólogos populistas han entendido que la única forma de obtener mejoras en la situación de los trabajadores es “arrancando” las mismas del patrimonio de los empleadores. Así se generó una innumerable cantidad de obligaciones que limitan la libertad de los empresarios, tales como el establecimiento de altas indemnizaciones por despido, pesados impuestos al trabajo y aportes obligatorios a sindicatos y obras sociales, restricciones a la facultad de despedir empleados y ordenar los factores productivos, etc. ¿Cuál ha sido el resultado de estas políticas? A grandes rasgos, el aumento del desempleo, la explosión del trabajo informal, la pérdida de productividad de las empresas y la caída de los salarios reales. Después de más de ochenta años de políticas laborales supuestamente favorables a los obreros, probablemente los trabajadores estén actualmente peor, comparativamente hablando, que los trabajadores que no gozaban de los privilegios que hoy les concede la legislación laboral, al menos si dejamos de lado los beneficios que la innovación tecnológica ha traído en ese lapso en cuanto a las condiciones de trabajo y la vida en general. Por otra parte, la rigurosa legislación laboral ha quitado competitividad preponderantemente a las empresas pequeñas, que son las más perjudicadas al no poder “autoasegurarse” contra eventuales juicios de sus trabajadores, ni poder afrontar, en ocasiones, el costo que supone adecuar su funcionamiento a la legislación vigente. Está claro que es mucho menos gravoso afrontar una indemnización por despido a una gran empresa, la cual tiene la posibilidad de adoptar previsiones para afrontar dichos riesgos, que a una pequeña empresa, que incluso puede llegar a la quiebra en dicha situación. La legislación laboral dura no ha llevado a otra cosa que a una mayor concentración de la economía, mayores niveles de desempleo, menor movilidad social, pérdida del poder adquisitivo de los salarios (puesto que los mayores costos que impone la legislación son en definitiva reflejados por el mayor precio de los productos que las empresas venden a esos mismos trabajadores) y un sinnúmero de otras consecuencias negativas que resultaría ocioso mencionar. ¿Cómo se sale de este verdadero circulo vicioso? Sería muy pedante de mi parte dar una respuesta precisa. Pero lo cierto es que no necesariamente la solución pasa por “desproteger” a los trabajadores. Pueden existir soluciones donde la flexibilización de la legislación laboral esté acompañada de un mantenimiento de ciertos privilegios para los trabajadores. Si bien tal vez no serían soluciones “óptimas” en términos de eficiencia económica, al menos serían soluciones de “segundo mejor” con viabilidad política. Un ejemplo que se me ocurre es crear “seguros de despido” que liberen a los empleadores de afrontar con su patrimonio los costos de las indemnizaciones por despidos, y les liberen las manos para adecuar su organización productiva a las circunstancias del mercado, sin por ello empeorar la situación de los trabajadores de modo dramático. Con una adecuación de la legislación laboral a efectos de tornarla previsible, podrían llegar a asegurarse, por empresas privadas, el riesgo de afrontar una indemnización por despido. Dada esta última situación, la compañía de seguros afrontaría el pago de la indemnización al trabajador, a cambio de una prima establecida en función de los correspondientes cálculos actuariales. Un sistema así, a mi criterio, aliviaría la situación de muchas pequeñas empresas que no pueden asumir los costos de una indemnización (a diferencia de empresas mayores que pueden “autoasegurarse” mediante previsiones contables), favorecería la incorporación de nuevos empleados y fomentaría la competencia. Claramente el tema debe ser estudiado con mayor cuidado. A lo que apunto es a que pueden existir, en el ámbito de la legislación laboral, soluciones de “suma positiva”, donde todas las partes (y la sociedad en su conjunto) puedan salir beneficiadas. Pensar nuevas soluciones a viejos problemas es parte de un cambio de mentalidad que la Argentina está necesitando imperiosamente hace rato.